Daniel Quinteros destacó que el plan regional ha permitido mejorar la calidad de las investigaciones, la capacidad para fiscalizar y así avanzar en generar mejores condiciones de seguridad para la población.
Este lunes 9 de enero, el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, presidió la séptima sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado junto a las instituciones integrantes.
En la instancia, la primera del año 2023, se detalló el contenido de la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) a los representantes de las reparticiones públicas participantes y los avances logrados hasta ahora en el marco del Plan Regional presentado el pasado 5 de diciembre.
Tras la reunión, el delegado destacó la implementación de la PNCO e indicó que “es la primera vez que el país cuenta con un instrumento que permite articular las capacidades del Estado para enfrentar una realidad delictual que es dinámica, que tiene mayor poder de fuego, que tiene mayor financiamiento y que por lo tanto requiere una intervención y una respuesta articulada por parte de las instituciones del Estado”.
Por otra parte, la autoridad regional hizo un balance de las medidas concretas que han permitido mejorar la calidad de las investigaciones, la capacidad para fiscalizar y así avanzar en generar mejores condiciones de seguridad para la población. “Durante el año 2022 el Gobierno destinó $6.100 millones para el combate del crimen organizado solo en la región de Tarapacá. Además, logramos disponer de 7 profesionales, analistas criminales y abogados asistentes, al Ministerio Público, particularmente respecto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos”, valoró.
Respecto a la reunión de este lunes, Quinteros explicó que se concretaron algunas de las 71 medidas contempladas en el plan regional, especialmente enfocadas en avanzar respecto de la vigilancia en rutas y carreteras, perseguir el tráfico ilícito de migrantes, y resguardar la frontera en cuanto al contrabando y el tráfico de armas.
“Uno de los delitos priorizados es el tráfico de armas, porque entendemos que ha medida que hay mayor poder de fuego en la sociedad también nos arriesgamos a tener una mayor cantidad de homicidios. Esa es una de las estrategias que estamos revisando, realizando y concretando, para poder disminuir la actividad organizada respecto de estos delitos y poder generar mayor sensación de seguridad en toda la población”, precisó.
El Jefe Regional de la Policía de Investigaciones, prefecto Cristian Lobos, también valoró que el Consejo Regional contra el Crimen Organizado “es una instancia muy relevante en términos de poder realizar las coordinaciones y la planificación necesaria para buscar la mejor forma de enfrentar el fenómeno del crimen organizado en nuestro país y particularmente en nuestra región”.
También participaron como invitados el Fiscal Adjunto de Pudahuel, Daniel Contreras, y el fiscal adjunto de Alto Hospicio, Héctor López, quienes entregaron información relevante respecto al tráfico de drogas y se pusieron a disposición de mantener coordinaciones respecto a las investigaciones que se desarrollen en la región.
Héctor López, fiscal adjunto de Alto Hospicio, detalló que en la reunión pudieron aportar ideas, desde sus perspectivas, con el fin de obtener mayores éxitos en la prevención y en las investigaciones. ”Este tipo de reuniones apuntan al sentido correcto, de establecer una línea de trabajo en común tanto desde el punto de vista de la Fiscalía como también de los otros organismos que participan de la seguridad pública”, destacó.
Finalmente, el Fiscal Adjunto de Pudahuel, Daniel Contreras, explicó que su participación en la sesión regional tuvo por objetivo iniciar un trabajo colaborativo con Tarapacá ”implementando una vía o canales de comunicación directos, donde podamos tener conocimiento de aquellas investigaciones que puedan tener ellos y nosotros podamos brindar nuestra cooperación”.
En la séptima sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado participaron:
jefe regional de la PDI, prefecto Cristian Lobos; prefecto (s) de la prefectura Iquique de Carabineros, comandante Manuel Guzmán; fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia; Gobernador Marítimo de Iquique, Alex Rich; Jefe Aeropuerto Diego Aracena (DGAC), Patricio Arévalo; director regional de Aduana, Cristian Molina; directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación en Tarapacá, Ema Moreno; gobernador marítimo, capitán de navío LT Alex Rich; seremi de la Mujer y Equidad de Género, Noemí Salinas; jefa de gabinete Gobierno Regional, Carolina Zepeda; fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Paola Apablaza; Subprefecto de la PDI, Patricio Henríquez; Jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte, subprefecto Marcelo Atala; fiscal Adjunto de Pudahuel, Daniel Contreras; fiscal adjunto de Alto Hospicio, Héctor López; y representante de Servicio de Impuestos Internos.
