- Liliana Valenzuela, seremi (s) de Educación de Tarapacá, convocó a diversas instituciones educativas, servicios públicos y policías para coordinar esfuerzos y competencias con el fin de aportar a la construcción de espacios protegidos para las comunidades educativas.
Entregar formación sobre normativa educacional y facultades institucionales, impulsar acciones de prevención y establecer un protocolo de actuación son los primeros acuerdos tomados por la Mesa Intersectorial de Convivencia y Seguridad que encabeza la seremi (s) de Educación de Tarapacá, Liliana Valenzuela.
La autoridad regional explicó que “en el marco del Plan de Reactivación Educativa que impulsa el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, uno de nuestros objetivos es construir espacios seguros y protegidos. Bajo este mandato, desde Educación hemos convocado a la Mesa de Convivencia y Seguridad en la región, para articular esfuerzos, voluntades y competencias de cada una de las instituciones participantes”.
Liliana Valenzuela enfatizó en la importancia de esta articulación regional que permitirá conformar una red de instituciones coordinadas, a fin de “prevenir y abordar la violencia en contextos educativos para que las y los estudiantes de Tarapacá puedan desarrollar sus clases y vivencias escolares en espacios resguardados”.
Mesa intersectorial
La instancia está integrada por Seremi de Educación, el Departamento Provincial de Educación, la Subsecretaría de la Educación Parvularia, la Superintendencia de Educación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, JUNJI, INTEGRA, SENDA, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Universidad Santo Tomás, Universidad Inacap, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
Durante la cita, la seremi (s) de Educación destacó que durante mayo el Ministerio de Educación presentó el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, iniciativa que se aplicará en 50 comunas priorizadas de todo el país -entre ellas Iquique y Alto Hospicio-, con el fin de prevenir y abordar situaciones o hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de las comunidades educativas, y que afectan el ambiente para el aprendizaje.
La autoridad sostuvo que las comunas seleccionadas fueron priorizadas en base a la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación, con criterios vinculados a hechos delictivos, de violencia y a situaciones de connotación social pública respecto a temas de violencia.
