Desconocemos si trata de una coincidencia, pero lo cierto es que, en pleno Mes de la Minería, esta semana se iniciará en la Comisión de Minería del Senado la votación del proyecto de royalty minero. Lo que se vote y decida en el Congreso afectará a nuestra industria y el futuro desarrollo de nuestra región.
Diversas agrupaciones y entidades han podido entregar sus puntos de vista a los legisladores. La Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal (AII) se sumó a esta instancia y realizamos una ponencia en la cual manifestamos nuestra postura.
En lo concreto, expresamos nuestra preocupación frente al proyecto de ley que busca la aplicación de un royalty de 3% ad valorem, es decir, sobre las ventas de cobre y otros minerales, con tasas que varían según el precio del mineral. Con los precios actuales, por sobre los US$4 dólares la libra de cobre, la carga tributaria total para cada empresa minera podría llegar a más de un 80%, el doble que otras jurisdicciones mineras internacionales. Esto dejaría a Chile y sus regiones completamente fuera de competencia.
El proyecto de royalty tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados es motivo de preocupación regional, considerando que la actividad minera representa en torno al 40% del PIB de nuestra Región de Tarapacá.
Este sistema productivo integrado está hoy plasmado en nuestro gremio que agrupa, actualmente, a más de 200 empresas. Un 70% de ellas están ligadas a la actividad minera, seguido por los sectores pesca, proveedores, logística, ingeniería, servicios y turismo, entre otras.
Considerando el encadenamiento que genera cada empresa minera, con una red de servicios y proveedores asociados –vale decir, empleos indirectos– consideramos altamente riesgoso y grave el hecho de que varias minas puedan quedar dejar de operar y que el país pierda su competitividad para hacer proyectos mineros nuevos. De acuerdo con un estudio de Wood Mackenzie, solo tres operaciones en Chile podrían ser rentables si se aplica el royalty propuesto.
Esto impactaría a toda la red de empleos vinculada a cada mina. No podemos ahogar dichas fuentes laborales. Se corre el riesgo de que, ante la caída de la inversión, incluso, descienda la recaudación tributaria.
Debemos determinar un mecanismo idóneo que no desincentive la inversión, nuevas exploraciones, ni afecte la cadena de proveedores. Además, no olvidemos la situación de las regiones productoras, las que han sufrido abandono por los recursos que terminan en Santiago.
Es un reto no menor, pero creemos en que los esfuerzos conjuntos, el diálogo y un debate técnico razonable podrán guiar el camino más adecuado para Chile y, sobre todo, para nuestras regiones de la macrozona norte.
