Tras ser aprobado por la Comisión de Vivienda, el proyecto avanzó a la Sala de la Cámara. La iniciativa permitirá reducir de 18 a seis meses el tiempo para regularizar un título de dominio en zonas declaradas en catástrofe, facilitando que las familias damnificadas accedan oportunamente a subsidios y beneficios para reconstruir sus hogares, mediante un procedimiento completamente gratuito.
La reconstrucción de las familias afectadas por catástrofes dio un importante paso este miércoles, luego de que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley que crea un procedimiento extraordinario para regularizar la pequeña propiedad raíz en situaciones de emergencia. La iniciativa avanzó a la Sala y busca evitar que la falta de un título de dominio retrase el acceso a subsidios y otras ayudas esenciales para reconstruir los hogares.
La iniciativa permitirá reducir de los actuales 18 meses a seis meses el plazo para obtener un título de dominio en zonas declaradas en catástrofe, mediante un procedimiento extraordinario y gratuito para personas damnificadas. De esta forma, podrán acceder oportunamente a subsidios habitacionales y otros beneficios del Estado indispensables para reconstruir sus viviendas y recuperar sus proyectos de vida.
La ministra Parot valoró el apoyo que recibió la iniciativa y la rapidez con que fue tramitado en esta instancia gracias a los parlamentarios presentes. “Quisiera agradecer muy sinceramente a las diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda por la aprobación de este proyecto, que va en directa ayuda de las personas y familias que han sido damnificadas por una catástrofe. Muchas gracias también por su compromiso y las preocupaciones y los aportes manifestados durante su discusión, que permitieron enriquecer esta iniciativa. Esperamos que ahora pueda avanzar con el mismo espíritu en la Sala de la Cámara, para que este beneficio llegue cuanto antes a quienes más lo necesitan”.
El proyecto no reemplaza el procedimiento ordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz, sino que crea una herramienta excepcional para situaciones de emergencia. Su aplicación estará limitada a personas damnificadas en zonas declaradas en estado de catástrofe y mantendrá las garantías jurídicas y la protección de los derechos de terceros mediante mecanismos reforzados de publicidad y oposición administrativa. Otro de sus ejes es la gratuidad total del procedimiento. Las familias beneficiarias no deberán asumir costos por publicaciones, inscripciones, certificados ni trámites ante el Conservador de Bienes Raíces. Asimismo, se incorpora la posibilidad de otorgar gratuitamente el alzamiento de prohibiciones para personas mayores y enfermos terminales.
Además, el proyecto reduce la burocracia al facilitar el intercambio de información entre las instituciones del Estado, agilizando la tramitación para las personas afectadas.
El proyecto responde a una realidad que se ha repetido tras las últimas catástrofes que han afectado al país: miles de familias habitan inmuebles cuya situación jurídica aún no está regularizada, lo que dificulta o retrasa el acceso a los programas públicos de reconstrucción. Su objetivo es que ninguna persona vea postergada la ayuda del Estado por un trámite que puede resolverse con mayor rapidez, sin renunciar a la certeza jurídica.
