El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Cristian Monckeberg; de Hacienda, Ignacio Briones; y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, firma el proyecto de ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia con más recursos para más familias de todo Chile.
• El programa, parte del acuerdo transversal promovido por el Presidente por la protección social y la recuperación del empleo, cambia su diseño para actuar como un complemento a los ingresos actuales del grupo familiar. Esto abarca tanto a hogares que no tienen ingresos formales como a los que tienen algunos ingresos formales e incluye a familias con otros beneficios como la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas.
• La iniciativa aumenta el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de cuatro personas aumentará de $260.000 a $400.000.
• En caso que la familia tenga algún ingreso formal, el beneficio será lo que le falte para alcanzar el umbral de $100.000, con un piso de $25.000 por persona del hogar. Por ejemplo, si una familia de 4 personas tiene un ingreso formal de $100.000, recibiría un ingreso familiar de emergencia por $300.000 para llegar al umbral de $400.000 por hogar de 4 integrantes.
• Además, se aumenta la cobertura, llegando hasta el 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo (ISE, Indicador Socioeconómico de Emergencia) mientras antes se llegaba al 60%.
• De esta manera, se aumenta el número de beneficiarios a más de 2,1 millones de familias y más de 5,6 millones de personas.
• Además, se pone término a la caída mensual del aporte, el cual será igual hasta el fin del actual IFE (por junio y julio).
• Se agrega un cuarto mes de pago, que será de 80% del ingreso y podrá subir al 100% en caso que las condiciones sanitarias así lo ameriten.
• El monto del beneficio a cada familia nunca será revisado a la baja: una vez que una familia reciba el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte, y sólo será revisado al alza en caso su situación socioeconómica empeore.
• La iniciativa forma parte de la red de protección social disputa por el Gobierno para proteger a 10 millones de personas vulnerables y de clase media afectadas económicamente por la crisis sanitaria del Covid-19.
ANEXO I
La ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia forma parte del Acuerdo de
Protección Social y Recuperación Empleos, un esfuerzo fiscal por US$12 mil millones, a 24 meses, que busca cuidar los ingresos de las familias, y proteger sus ingresos y fuentes de trabajo. Otras medidas del acuerdo son:
1. Pensando en los vecinos y comunidades: asignación de fondos adicionales por US$120 millones para los municipios y por U$20 millones para Organizaciones de la Sociedad Civil, para que puedan ayudar a sus vecinos y beneficiarios más afectados y necesitados.
2. Pensando en los trabajadores de la salud y en las personas enfermas: se establece un fondo adicional de $400 mil millones para financiar los gastos adicionales de Salud necesarios para combatir esta pandemia.
3. Pensando en los jefes y jefas de hogar: se fortalece la Protección del Empleo, incrementa la cobertura y mejora de los beneficios de los Seguros de Cesantía. También apoya a los trabajadores independientes con boleta de honorarios y crea un Fondo de Reconversión y Capacitación para los trabajadores más afectados por la crisis.
4. Pensando en los niños: se protege los ingresos de madres y padres trabajadores formales con hijos o hijas en edad preescolar, los que podrán acogerse a la ley de protección del empleo.
5. Un potente Programa de Inversión Pública, con especial preocupación por el medio ambiente y la naturaleza y fuerte énfasis en vivienda, agua potable, obras de regadío, plantas desalinizadoras, embalses, conectividad y logística digital, energías limpias y renovables e infraestructura crítica.
6. Incentivos al empleo, incrementando temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación de jóvenes y mujeres desde el 40% actual al 60% más vulnerable, y creando un subsidio a la contratación para todos los trabajadores desempleados o con suspensión laboral.
7. Financiamiento para las pymes, mejorando los beneficios del crédito FOGAPE – COVID y fortaleciendo el rol de SERCOTEC, FOGAIN, FOSIS, INDAP, CORFO y Banco del Estado.
8. Incentivos tributarios temporales a las empresas, a través de la reducción a la mitad del impuesto de Primera Categoría de las Pymes, la extensión por 3 meses adicionales de la suspensión de pago del PPM y la ampliación del plazo para la depreciación instantánea del 100% de las inversiones.
9. Agilización de los proyectos de inversión y aceleramiento de las concesiones.
10. Facilitación del acceso al crédito, incluyendo garantía estatal parcial y sin costos para empresas de menor tamaño, y pagadas y con protección adecuada de los recursos públicos, para empresas de mayor tamaño o estratégicas.
11. Adecuaciones de normas laborales para dar pleno cumplimiento a los protocolos para proteger la salud de los trabajadores.
ANEXO II
Medidas económicas implementadas por el Gobierno frente al coronavirus:
1. Bono Covid-19, que se comenzó a pagar a más de 2,7 millones de personas. El bono para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar (SUF) es de $50.000 por carga, llegando a más de 2 millones de personas. En tanto, para las familias que integran el Subsistema de Seguridades y Oportunidades se asignarán $50.000 por familia, alcanzando a cerca de 100 mil hogares.
Además, se entrega un bono de $50.000 por familia para aquellas que integren un hogar del 60% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares y que no sean beneficiarias de los subsidios antes descritos, ni del subsidio de asignación familiar o maternal, ni de alguna pensión del régimen de seguridad social. Esto se reflejó en la entrega de 650 mil bonos.
2. Impulso de Crédito, por unos US$24.000 millones, (casi 10% del PIB), con garantías estatales de hasta el 85%. El Estado aporta US$ 3.000 millones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE) de Banco Estado para que empresas puedan acceder a líneas de crédito con garantías estatales. Todas las compañías con ventas anuales menores a 1.000.000 de UF, lo que incluye al 99,8% de las empresas y el 84% del empleo (aproximadamente 7,6 millones de trabajadores), pueden acceder a esta línea. Los recursos se deben destinar a financiar las necesidades de capital de trabajo para la operación de la empresa.
Los préstamos son otorgados por los bancos comerciales, los cuales tendrán acceso a la facilidad de liquidez de largo plazo del Banco Central.
3. Proyecto de ley para entregar un beneficio a trabajadores independientes a honorarios afectados por la pandemia de coronavirus.
4. Un nuevo aporte de capital de US$500 millones para BancoEstado, aprobado por el Congreso.
5. La disminución a 0% del impuesto de timbres y estampillas por 6 meses, aprobado por el Congreso.
6. Medidas para aportarle liquidez al Fisco, ya aprobadas por el Congreso:
• Se suspende para los años 2020 y 2021 el aporte al fondo de reserva de pensiones, equivalente a un 0,2% del PIB.
• Autorización para endeudarse por hasta US$4.000 millones.
• “Economía de guerra”: se instruye a todas las reparticiones públicas a transferir los recursos de sus cuentas a la cuenta única fiscal.
• Se posterga en 24 meses el Mecanismo de Financiamiento de las capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional.
7. Medidas tributarias ya decretadas por el Presidente de la República:
• Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos 3 meses (de abril en adelante)
• Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000 (de abril en adelante)
• Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes y a los independientes y que comienza con la operación renta 2020.
• Devolución de la retención de impuestos de enero y febrero 2020 para trabajadores independientes, también considerado con la operación renta 2020. o Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las Pymes de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Esta medida se inicia con la operación renta 2020.
• Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones, que empieza con la contribución del mes de abril.
• Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas en las Pymes y personas de menores ingresos.
• Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año.
8. La aceleración de pagos a proveedores del Estado, que permitirá pagar al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$ 1.000 millones de dólares aproximados. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones de dólares mensuales).
9. Creación de un Fondo Solidario Municipal de US$ 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del micro comercio local. Fondos que serán canalizados a través de los municipios.
10. Entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos al 70% de los hogares más vulnerables del país en cuarentena y que han sido afectados por la pandemia del Covid-19.
