La seguridad es una de las preocupaciones que más se repiten cuando recorremos Iquique, Alto Hospicio y las comunas del Tamarugal. En conversaciones cotidianas las personas nos plantean su inquietud por la delincuencia y la necesidad de recuperar la tranquilidad. Por eso, este tema ocupa un lugar central en nuestra agenda, como una prioridad que requiere decisiones concretas.
Una de ellas es el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que contempla $7 billones para seguridad, un incremento del 9,1% respecto de este año. Esto no se trata solamente de una cifra, sino de una señal de prioridad que se expresa en recursos para fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, investigar y perseguir el delito.
El proyecto considera un aumento del 3,6% para Carabineros, que permitirá contar con capacidad para formar a más de 3.200 alumnos. Para la Policía de Investigaciones contempla un incremento del 7,4%, junto con mayores recursos para sus equipos contra el crimen organizado. Gendarmería, por su parte, tendrá un aumento cercano al 18%, orientado principalmente a fortalecer la infraestructura y el control penitenciario. Todo esto tiene como objetivo entregar más herramientas a quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas.
En Tarapacá, la gestión de las policías ha entregado resultados que vale la pena destacar. A la fecha, los operativos de seguridad han permitido registrar 2.818 kilos de droga incautada, 609 armas retiradas de nuestras calles, cinco millones de cigarrillos decomisados, 36 bandas criminales desarticuladas y 451 vehículos recuperados. Además, en materia fronteriza, las detecciones de ingresos irregulares registraron una caída del 89% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Son cifras que reflejan la importancia de mantener una estrategia coordinada, sin desconocer que aún existen desafíos importantes.
También importa cómo estamos enfrentando el delito. El Plan FOCO representa un cambio de enfoque al concentrar los esfuerzos en zonas, días y horarios definidos a partir de información delictual, priorizando los delitos violentos y una intervención más focalizada, con inteligencia, investigación y capacidad para utilizar los recursos donde pueden tener mayor impacto.
Sabemos que ninguna cifra permite afirmar que la tarea está cumplida. La tranquilidad de las personas no se recupera de un día para otro y cada delito que afecta a una familia nos recuerda cuánto queda por hacer. Precisamente por eso, reconocer los avances debe ir acompañado de responsabilidad, evaluación y continuidad.
Porque, cuando la ciudadanía plantea la seguridad como una prioridad, el deber de las autoridades es responder con acciones concretas. Es decir, fortaleciendo a nuestras policías, mejorando las herramientas para combatir el crimen organizado y respaldando las estrategias con recursos a través de un presupuesto que esté a la altura de esa urgente necesidad.
Yuseff Hilaja RumieSeremi de Gobierno de Tarapacá
