Luego de que parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría para cuestionar una designación que incluso ha sido calificada como “un amarre” ante el inminente cambio de mando, representantes de las y los trabajadores de la asistencia judicial reiteraron que lo fundamental es que quien asuma el cargo cumpla los compromisos previamente adquiridos y cuente con un perfil técnico acorde a las necesidades de la institución. Tras la designación por parte del gobierno de la ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, Patricia Muñoz, como Directora Implementadora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Parlamentarios de oposición cuestionaron la legalidad de dicho nombramiento, argumentando que generaría un “impacto y una desventaja institucional”, considerando que Muñoz cursa un embarazo avanzado, lo que implicaría una licencia médica prolongada. Esta situación fue advertida formalmente ante la Contraloría General de la República. Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) —organización que agrupa a más de 3 mil funcionarios y funcionarias de las Corporaciones de Asistencia Judicial, quienes deberán ejecutar el nuevo Servicio— señalaron que más allá de los nombres propios, “lo relevante es que quien asuma garantice el cumplimiento de los compromisos suscritos con las y los trabajadores”.
Al respecto, la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, sostuvo que “existen protocolos aún incumplidos en materias tan sensibles como remuneraciones, infraestructura, dotación de personal e incluso salud mental de las y los trabajadores, los cuales deben ser abordados por quien asuma este cargo”. Asimismo, la dirigenta enfatizó que “siempre hemos sostenido que, antes de cualquier designación, deben cumplirse no sólo los estándares de probidad y ética, sino también contar con un perfil técnico acorde a la enorme labor que viene por delante”. Cabe consignar que desde el gobierno aún no se ha formalizado oficialmente el nombre de Patricia Muñoz como la primera Directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Por ello, resta esperar si el Ejecutivo mantiene su postura inicial o evalúa una alternativa que encabece esta nueva institucionalidad, llamada a garantizar no solo la asistencia jurídica gratuita, sino también el acompañamiento integral a las víctimas de delitos a lo largo del territorio nacional.
