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ACOT en Tarapacá: Infraestructura penitenciaria y Estado de Derecho contra el crimen

Vivimos tiempos complejos en los que la ciudadanía exige respuestas decididas ante una delincuencia que ha mutado drásticamente. En la Región de Tarapacá, por nuestra condición de zona fronteriza, conocemos de cerca cómo las orgánicas transnacionales intentan vulnerar la tranquilidad de nuestros vecinos. Frente a esto, la Agenda Contra el…

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Vivimos tiempos complejos en los que la ciudadanía exige respuestas decididas ante una delincuencia que ha mutado drásticamente. En la Región de Tarapacá, por nuestra condición de zona fronteriza, conocemos de cerca cómo las orgánicas transnacionales intentan vulnerar la tranquilidad de nuestros vecinos. Frente a esto, la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) se alza como un punto de inflexión histórico para golpear la estructura operativa y el patrimonio financiero de las bandas delictuales.

Para nuestra región, el impacto de esta agenda es directo. Medidas como la ampliación de la flagrancia otorgan un oxígeno vital a las policías y fiscalías en territorios con dinámicas delictivas complejas. Sin embargo, el éxito de la persecución penal en las calles se vuelve estéril si el sistema penitenciario no es capaz de contener la amenaza. Por ello, la ACOT sitúa a la gestión carcelaria en el corazón de la estrategia pública de seguridad.

En Tarapacá, esto se traduce en el fortalecimiento del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio mediante el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria impulsado por el Presidente José Antonio Kast, el cual moderniza la tecnología de las plazas para mitigar el hacinamiento y establece regímenes de máxima seguridad para aislar efectivamente a los líderes criminales.

Esta modernización se aborda desde una perspectiva integral de Estado de Derecho, ya que la segmentación adecuada que permite la nueva infraestructura carcelaria protege los programas de reinserción social destinados a la población penal de menor compromiso delictual, evitando el contagio criminal y ofreciendo alternativas reales de retorno a la sociedad.

Desde esta Seremi de Justicia y Derechos Humanos reafirmamos nuestro compromiso con las provincias de Iquique y del Tamarugal. La seguridad pública es el primer deber del Estado, pues sin ella no hay libertad posible. La ACOT nos entrega las herramientas jurídicas e infraestructurales necesarias para recuperar la paz y asegurar que el norte siga siendo un territorio de orden y progreso para todos.Claudio Chamorro OlguínSeremi de Justicia y Derechos HumanosRegión de Tarapacá

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