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Refuerzan fiscalización y persecución
del robo de cables en Tarapacá

• La instancia, liderada por la SEREMI de Seguridad Pública, acordó nuevas fiscalizaciones a chatarrerías y lugares de acopio, además de fortalecer el intercambio de información para apoyar las investigaciones policiales. Una nueva sesión de la Mesa Público-Privada contra el Robo de Cables se realizó este martes, instancia liderada por…

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• La instancia, liderada por la SEREMI de Seguridad Pública, acordó nuevas fiscalizaciones a chatarrerías y lugares de acopio, además de fortalecer el intercambio de información para apoyar las investigaciones policiales.

Una nueva sesión de la Mesa Público-Privada contra el Robo de Cables se realizó este martes, instancia liderada por el Seremi de Seguridad Pública, Omar Salazar, y que reúne a policías, organismos públicos y empresas vinculadas a servicios estratégicos.

Durante la jornada se revisó la situación regional, registrándose 47 eventos informados por Carabineros, mientras que la PDI mantiene investigaciones en diferentes comunas de la región.

Entre los principales acuerdos se estableció fortalecer la fiscalización de chatarrerías y lugares de acopio, mediante un trabajo conjunto entre la PDI y el SII, coordinado por la Seremi de Seguridad Pública. Además, se reforzará el control sobre el transporte de cables y materiales retirados, con información sobre empresas contratistas, trabajadores autorizados, vehículos y documentación asociada.

El Seremi de Seguridad Pública, Omar Salazar, señaló que “vamos a enfrentar el robo de cables en toda su cadena. No basta con detener a quien sustrae el material; también debemos llegar a quienes lo reciben, acopian, transportan o comercializan de manera ilícita. Por eso estamos fortaleciendo la fiscalización y las herramientas para que las policías puedan investigar y perseguir este delito”.

Se acordó además incorporar a Aguas del Altiplano como actor estratégico, ampliando el trabajo hacia hechos que afectan infraestructura sanitaria y a trabajadores. Asimismo, se buscará extender los canales de comunicación existentes entre empresas, policías y Ministerio Público para agilizar la entrega de antecedentes y apoyar las investigaciones.

De esta manera, la instancia avanza en una estrategia integral que combina prevención, fiscalización, control e investigación para proteger infraestructura y servicios esenciales para la ciudadanía.

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