El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados estratégicos en la lucha contra el crimen organizado: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad).
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, con una vigencia de 60 días calendario, y contempla el perímetro exterior de los recintos hasta un radio de 200 metros.
Durante este período, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, asumirá el control del orden interno en estas zonas, donde se restringirán los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme a lo establecido en la norma.
Las autoridades reforzarán el control de los accesos y desarrollarán labores de inteligencia y vigilancia para prevenir eventuales fugas.
Además, se ejecutarán operativos permanentes destinados a decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos.La normativa establece, además, que durante la vigencia del estado de emergencia se mantendrá el respeto de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según el Gobierno peruano, los cinco penales concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales, por lo que la medida busca impedir que estructuras delictivas continúen coordinando actividades ilícitas desde el interior de las cárceles hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ejecutivo continuará impulsando medidas contra la inseguridad mientras se espera la aprobación de la solicitud de facultades legislativas.
La medida busca reforzar el control penitenciario, combatir a las organizaciones criminales y evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación delictiva.
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