Como trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por los reiterados cuestionamientos, propuestas de reforma regresiva y amagos de eliminación que enfrenta nuestra institución en las últimas semanas.
Frente a esto, declaramos:
1. La institucionalidad de derechos humanos no es negociable. Cuestionar, debilitar o eliminar al INDH no es un ajuste técnico: es un retroceso institucional contrario a los compromisos internacionales del Estado de Chile y la protección de todas las personas que habitan el territorio nacional, especialmente de quienes ven vulnerados sus derechos por acción u omisión del propio Estado.
2. Rechazamos la deslegitimación política de nuestra labor. Calificar de «sesgada» o «partidista» la labor que la ley nos manda ejercer sobre el actuar del Estado busca instalar la idea de que los derechos humanos son una posición ideológica y no una obligación jurídica y un imperativo ético que compromete a toda la Sociedad. En un Estado de Derecho, que las instituciones de derechos humanos incomoden a otros poderes demuestra que están cumpliendo su función, no se trata de una anomalía a corregir. Nuestra labor de Promoción y Protección de los derechos humanos abarca distintos ámbitos de interés para las personas, con acciones que buscan proteger sus derechos de manera transversal, relacionadas con el acceso al agua, a la salud, educación, la prevención de la tortura, el derecho a un medio ambiente sano y el ejercicio de derechos culturales, entre otros.
3. Llamamos a la no regresividad. Los derechos humanos y las instituciones que los garantizan se construyen y perfeccionan; no se desmantelan. Cualquier modificación a nuestro mandato, gobernanza o presupuesto debe fortalecer —nunca debilitar— la autonomía, las atribuciones y los estándares alcanzados en más de una década de trabajo.
4. Valoramos el rol de la comunidad internacional y de la sociedad civil en el seguimiento de esta situación, y hacemos un llamado a todos los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— a resguardar los avances institucionales logrados desde el retorno a la democracia, entendiendo que estos pertenecen al país y no a un gobierno de turno.
Como funcionarias y funcionarios, reafirmamos nuestro compromiso con la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos y con las personas cuyos derechos representamos. Rechazamos cualquier intento de amedrentamiento o acciones que intenten debilitar el ejercicio de nuestro mandato, seguiremos ejerciendo nuestra labor con autonomía, rigor técnico y apego a los estándares internacionales, cualquiera sea el contexto político.
Los derechos humanos no retroceden. Se defienden!!
