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Servicio de Reinserción Social Juvenil se adjudica fondo para evaluar el impacto de su nuevo modelo de intervención

La iniciativa permitirá desarrollar un estudio especializado que evaluará los efectos del nuevo modelo de reinserción social juvenil, aportando evidencia para fortalecer la política pública dirigida a adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se adjudicó el Fondo de Evaluación de Impacto…

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La iniciativa permitirá desarrollar un estudio especializado que evaluará los efectos del nuevo modelo de reinserción social juvenil, aportando evidencia para fortalecer la política pública dirigida a adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se adjudicó el Fondo de Evaluación de Impacto 2025 de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), un instrumento destinado a financiar estudios que permitan medir los efectos de programas y políticas públicas sobre sus beneficiarios. Una de las cuatro propuestas seleccionadas, denominada “Evaluación de Impacto del Servicio de Reinserción Social Juvenil: Diseño DDD (de triple diferencia) con Emparejamiento Joven-Adulto y Adopción Escalonada”, estuvo a cargo de los destacados investigadores Catalina Droppelman, Micaela Sviatschi y Andrés Hojman, quienes buscan generar evidencia sobre la efectividad del modelo institucional implementado por el Servicio en el marco de la Ley N° 21.527. La evaluación permitirá analizar de manera rigurosa los efectos de esta nueva forma de intervención sobre adolescentes y jóvenes sujetos a medidas o sanciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, identificando en qué medida los resultados observados pueden atribuirse a la acción institucional y qué factores contribuyen de manera más significativa a sus procesos de reinserción social. Contar con evidencia sobre el impacto de esta política pública representa un paso clave para fortalecer la toma de decisiones, perfeccionar las estrategias de intervención y consolidar un modelo basado en resultados, capaz de responder de mejor manera a las necesidades de los jóvenes y de aportar al desarrollo de trayectorias de cambio sostenibles. Así lo sostiene Andrés Hojman, economista, magíster en Economía de la Universidad de Chile y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien integró el equipo que presentó la propuesta. “La evaluación de impacto del Servicio permitirá determinar si el nuevo modelo de intervención y la mayor disponibilidad de dispositivos de apoyo para los jóvenes son realmente efectivos. La población atendida por el Servicio es de gran relevancia para la política pública y vale la pena realizar inversiones importantes para frenar las trayectorias delictivas y favorecer la reinserción social, siempre que dichas inversiones generen los impactos esperados. Para ello, esperamos analizar más de una década de microdatos y aprovechar la variación regional en la provisión del servicio para responder estas importantes preguntas”, afirmó el investigador. Para la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, esta adjudicación representa un hito relevante para la institucionalidad y para la política pública de reinserción social juvenil. “Por primera vez podremos contar con una evaluación de impacto rigurosa que nos permitirá medir, con evidencia concreta, los resultados de una reforma estructural clave para el país, como es la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este estudio no sólo nos permitirá conocer con mayor profundidad el efecto de nuestras intervenciones en las trayectorias de los jóvenes, sino que también entregará información fundamental para fortalecer la toma de decisiones, optimizar recursos y proyectar mejoras continuas en nuestra oferta programática”, detalló la directora nacional. Este hito se suma a los avances institucionales que el Servicio ha impulsado desde su implementación progresiva a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la mejora continua, la transparencia y el desarrollo de políticas públicas sustentadas en evidencia.

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