Delegada presidencial destaca firma de protocolo para agilizar expulsiones administrativas

Como un esfuerzo por fortalecer la seguridad pública y optimizar los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales o policiales, calificó la delegada presidencial regional de Tarapacá, Ivonne Donoso Olivares, la entrada en vigencia del nuevo Protocolo de Expulsiones Administrativas. Este instrumento normativo, suscrito por el ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer; el director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra y el prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica, establece una hoja de ruta clara y coordinada para la ejecución eficaz de estas medidas.El protocolo responde al incremento sostenido de decretos de expulsión administrativa, que este año alcanzaron un récord de 662 casos ejecutados, la cifra más alta en los últimos seis años. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas.Para la delegada presidencial “la seguridad pública es una prioridad ineludible para este Gobierno y con este protocolo no solo damos cumplimiento a la normativa vigente, sino que también avanzamos hacia una mayor eficiencia y efectividad en la ejecución de las expulsiones administrativas. Con este nuevo marco de acción, seguimos avanzando hacia una gestión migratoria responsable y acorde a los desafíos actuales”, dijo la delegada presidencial.ACUERDOSEntre los acuerdos más destacados, el protocolo promueve la estandarización de la información entre la PDI, Gendarmería y SERMIG, eliminando duplicidades y asegurando mayor precisión en la toma de decisiones. Asimismo, establece plazos específicos para las distintas etapas del proceso, como el informe semanal de Gendarmería sobre extranjeros bajo custodia, y un plazo de tres días para que la PDI comunique al SERMIG las infracciones detectadas.Con una visión alineada a la Política Nacional contra el Crimen Organizado y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el protocolo define criterios claros para priorizar las expulsiones de mayor relevancia estratégica. Esto permite focalizar los recursos estatales en casos que representen un riesgo significativo para la seguridad ciudadana. Adicionalmente, se regula la planificación de operativos de búsqueda, garantizando su ejecución en zonas de alta complejidad con resultados informados a las autoridades pertinentes.El protocolo fija un plazo máximo de 48 horas para la gestión de pasajes por parte de las agencias de viaje, asegurando una respuesta oportuna. Asimismo, una vez ratificada la medida de expulsión por los tribunales, su ejecución deberá materializarse en un plazo de 24 horas.