Contraviniendo todos los propósitos del programa que está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo, se desprende que esta nueva medida – arbitraria a la vez – dejará a los municipios de zonas rurales y en especial a los de la provincia del Tamarugal, sin recursos para contratar a estos profesionales y el buen encaminamiento y desarrollo de este programa, el que se verá deteriorado en todo el tiempo que se tome para las postulaciones de los profesionales lo que irá en un fuerte daño a quienes son los beneficiados de este programa que justamente son los pueblos originarios.
Cabe destacar que el PDTI es un programa de INDAP ejecutado preferentemente a través de las Municipalidades, también se ejecuta con Entidades Privadas. INDAP les transfiere recursos por medio de Convenios y Contratos, los que deben destinarse a la contratación de un Equipo de Extensión que entregue asesoría técnica permanente a los usuarios del Programa, los cuales se organizan en Unidades Operativas Comunales. Eso último es lo que retrasará la aplicación o el buen funcionamiento del programa, es decir todo el tiempo de la búsqueda, la difusión y la elección de los nuevos profesionales perjudicará de buena manera el apoyo hacia los pueblos indígenas presentes en la comuna de Pozo Almonte.
Con esta iniciativa los más perjudicados serán a los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, que desarrollan actividades silvoagropecuarias y/o actividades conexas en el territorio rural, que tengan necesidades de mejorar o mantener sus sistemas productivos y/o desarrollar nuevos emprendimientos y/o negocios en sus territorios.
